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Integrantes de la Diputación Permanente
recordaron que además de la reformada Ley de Aguas, existe jurisprudencia al
respecto.
En sesión de la Diputación Permanente, algunos legisladores se
pronunciaron en contra de los intentos de la empresa Proactiva Medio Ambiente
CAASA por cobrar el servicio de agua potable a las escuelas y hospitales
públicos, además de abordar asuntos de carácter educativo y sobre el reciente
veto parcial ejercido por el Ejecutivo a las reformas a la Ley de Desarrollo
Social del Estado.
Sin asuntos nuevos en cartera por destacar, se procedió a las participaciones
en el apartado de asuntos generales, donde el diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada hizo un enérgico llamado a que la LXII Legislatura de Aguascalientes
exija el cumplimiento a las reformas a la Ley de Aguas, donde acorde a
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se le puede
cobrar el líquido ni el uso de las redes de alcantarillado a las instituciones
de carácter público en materia de salud y educación básica.
El representante popular por el PRD recordó que en 34.8% de la población
del Estado vive en pobreza y 27 mil 700 personas en la categoría de extrema
pobreza, por lo que aunado a los amplios gastos en útiles escolares, cuotas y
uniformes escolares, el cobrar el agua a escuelas bloquea el derecho a la
educación de millares de familias, pues el costo del servicio se cargaría
principalmente a los padres.
El diputado Oswaldo Rodríguez García se sumó a la solicitud de su
homólogo y coincidió que desde la Diputación Permanente debe salir una voz
fuerte, unida, que ponga un alto a los abusos de la concesionaria, porque es
gracias a los ciudadanos que esta empresa extranjera obtiene ganancias, y no es
justo que sea a costa de ellos que pretenda enriquecerse.
Por su parte, el diputado del PRI Eduardo Rocha Álvarez celebró el impulso
de la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios por parte del
Gobierno Federal, la cual vendrá a fortalecer las finanzas de las entidades
mediante el establecimiento de topes y restricciones en la contratación de
empréstitos, tras destacar la creación de un registro único que permitirá
monitorear y alertar sobre cualquier anomalía que pudiera poner en riesgo la
aplicación de los recursos públicos.
Rocha Álvarez indicó que el Congreso del Estado tendrá que emprender las
armonizaciones en las leyes secundarias que tengan que ver con la fiscalización y manejo de los
dineros; adelantó que el Grupo Parlamentario del PRI-PVEM presentará una
propuesta que continúe con el mejoramiento en el manejo responsable de las
finanzas.
El legislador priista aseguró que esta nueva ley que formuló el Gobierno
de la República, además de fortalecer el federalismo, vendrá a encaminar los
esfuerzos de los estados estableciendo mecanismos de vigilancia y correcta
aplicación de los recursos en beneficio de sus habitantes.
Para debatir lo expuesto por su homólogo, el legislador Cuauhtémoc
Escobedo cuestionó si la reforma en mención tendrá un fin municipalista o solo
tendrá fines de persecución y castigo, tras asegurar que esta administración
federal se ha caracterizado por centralizar las políticas públicas sin mirar
las grandes necesidades que enfrentan los ayuntamientos para cumplir con sus
obligaciones de prestación de servicios básicos.
Reconoció que se han dado casos en que los gobiernos han caído en abusos
en el manejo del presupuesto, pero también recalcó que hay municipios pobres
como El Llano o Asientos que no cuentan con el capital suficiente para atender
todas las necesidades de su población, que a veces se amplían a los ámbitos
educativos y de la salud.
Para cerrar el tema, el legislador Eduardo Rocha Álvarez apuntó que no
debe perderse de vista el espíritu de este nuevo ordenamiento, que no es otro
que el de prevenir los excesos, desorden financiero y derroche de recursos en
municipios, pues dijo que no se trata de entregar cheques en blanco a los
Ayuntamientos, sino de orientarlos sobre la viabilidad de pago de los créditos
que soliciten para evitar con ello la afectación de las comunidades a las que
representan.
Posteriormente, tomó la palabra el diputado Leonardo Montañez Castro,
para reiterar la posición de la bancada del PAN en contra del veto parcial
ejercido por el jefe del Poder Ejecutivo a las reformas hechas por el Congreso
del Estado a la Ley de Desarrollo Social.
Manifestó que tras un análisis jurídico, no consideran que la LXII
Legislatura haya invadido competencias del Congreso de la Unión en materia de
uso de datos personales y transparencia gubernamental, sino que el Decreto 214
pretendía homologar la Ley de Desarrollo Social con los ordenamientos federales
que ya contemplan la operación del llamado “Padrón Único de Beneficiarios”.
Sobre el asunto, el diputado Eduardo Rocha Álvarez apuntó que el gobernador
Carlos Lozano de la Torre se apegó a la ley y ejerció su derecho de veto el cual
fundamentó de manera adecuada, ya que las modificaciones a la Ley Estatal de
Desarrollo Social en la materia invaden la competencia de la Legislatura
federal por tratarse de protección de datos, al referirse al citado padrón de
los beneficiarios de programas sociales.
Rocha Álvarez dijo que el proceso legislativo continuará su curso y la
Comisión de Desarrollo Social del Congreso Local en su momento tendrá que
analizar las observaciones del Ejecutivo Estatal y por consiguiente emitir un
documento al respecto.
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