El Congreso del Estado de Aguascalientes enfrenta nuevamente señalamientos por prácticas administrativas que priorizan intereses políticos sobre criterios técnicos y laborales. En días recientes, legisladores han confirmado la intención de realizar ajustes en la estructura del personal, lo que podría derivar en despidos y reubicaciones que afectan a trabajadores con años de servicio y experiencia institucional.
El diputado Adán Valdivia López, presidente del Comité de Administración, declaró que se analizará la posibilidad de aumentar o disminuir la plantilla laboral del Congreso, bajo el argumento de buscar una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos. Sin embargo, la diputada Alma Hilda Medina Macías, vocal del mismo comité, reconoció abiertamente que los legisladores “aún tienen compromisos”, en referencia a la práctica de incorporar a familiares y personas cercanas a cargos dentro de dependencias municipales como el Centro de Atención Municipal (CAM) y diversas oficinas estatales.
Estas declaraciones han encendido alarmas entre trabajadores legislativos, ya que se perciben como un intento de justificar la remoción de personal con base en decisiones políticas más que administrativas. Actualmente, se estima que al menos 25 trabajadores se encuentran en situación de incertidumbre laboral.
Los argumentos esgrimidos por algunos legisladores señalan la necesidad de cuidar las finanzas del Congreso, bajo el supuesto de que existen trabajadores con sueldos elevados cuyas funciones no se consideran justificadas. No obstante, este criterio no ha sido aplicado con la misma severidad al interior del cuerpo legislativo, lo que ha generado críticas sobre un posible doble rasero en la evaluación del desempeño.
A pesar de la creciente inquietud, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha señalado que no puede intervenir mientras no se concrete formalmente el despido de los trabajadores afectados. Esta postura ha sido interpretada por diversos sectores como una respuesta limitada ante una situación que compromete derechos laborales y el principio de estabilidad en el empleo público.
El contexto actual revive una problemática que ha sido constante en las últimas legislaturas: el uso de la nómina legislativa como herramienta de negociación política. La opacidad en los criterios de contratación y despido, así como la presencia de prácticas de nepotismo, continúan socavando la legitimidad del discurso legislativo en torno a la austeridad, la eficiencia administrativa y el compromiso con la ciudadanía.
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