Penal Acusatorio
Héctor Montoya
Sea por errores judiciales, diferencia de idioma, de cultura, como
represión, por ignorancia, ineficiencia, indiferencia y/o indolencia, las
cárceles del país tienen una gran mayoría de presos inocentes. Pasan meses, años,
a veces décadas, y el proceso no concluye por cualquier razón.
Lo anterior atenta contra los más elementales derechos humanos de la
población, y contra una premisa aceptada por la gran mayoría de sistemas
judiciales del mundo: Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo
contrario (presunción de inocencia). Pero en muchos casos las autoridades
imparten injusticia, afectando por esto gravemente a los perjudicados.
En 2013, al menos el
42% de los presos de México eran inocentes, este año aumentó la proporción: al
menos la mitad de los reos del país son inocentes (lajornada.unam.mx). Esta
población significa un gasto total de 851.6 millones de pesos al año (738.2
millones de pesos de alimento, 95.38 de uniformes y vestimenta, 14.72 de
medicinas y 3.3 de agua potable). Esto representa 2.3 millones de pesos al día
que no deberían estar gastándose.
Otros problemas que
causa la sobrepoblación del 100% –y que afectan también a los reos ya
procesados y sentenciados– son una vigilancia ineficiente, hacinamiento en las
instalaciones al ser rebasadas en su capacidad, un ambiente insalubre, el
surgimiento de sub-grupos de control y la corrupción del personal carcelario.
Como lo han apuntado varias organizaciones ya (UNAM, Universidad Latina de
América, ONU, SCJN), una proporción dominante de reos inocentes están presos
por represalia política, indiferencia, desatención o como medio de opresión.
Las cárceles mexicanas, llenas de inocentes, deben ser el punto de quiebre para
que el sistema judicial aplique la justicia sin otro distingo que no sean los
actos del inculpado, no sus ideas.
El nuevo Sistema de Justicia Penal contempla una serie de medidas para garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos y a que la persona víctima obtenga la reparación del daño.
La Reforma Penal, de acuerdo a los principios internacionales aceptados por México, fortalece y amplía los derechos de la persona víctima para que pueda:
1. Aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa.
2. Solicitar directamente la reparación del daño.
3. Impugnar ante un Juez las resoluciones y omisiones del Ministerio Público.
4. Solicitar al Juez que dicte medidas de prevención para su protección y para la restitución de sus derechos, sin necesidad de esperar a que el Juicio acabe; También puede solicitarle directamente que realice o revise situaciones que le afectan, ya que anteriormente todo comentario de la persona víctima al Juez tenía que ser a través el Ministerio Público.
5. Contar durante todo el proceso con un asesor jurídico gratuito.
En la nueva justicia penal la persona víctima es una parte visible y activa, sus derechos son mayores y a la vez equilibrados con los de la persona imputada, tiene un asesor que la guía durante el proceso penal y se busca en todo momento que se le repare el daño.
Esta herramienta que tendrá enormes beneficios para la población en general”.
Por ejemplo, al regresar a la diferenciación entre los delitos graves y los que no lo son tanto, una persona que se roba un desodorante de una tienda departamental, antes iba a la cárcel y pasaba en ella mucho tiempo, hasta que se desahogara el juicio; hoy eso ya no ocurre más en el nuevo sistema, porque si ese individuo sustrae ilegalmente un producto y es su primera vez, con que devuelva la mercancía o la pague, está reparado el daño.
Pero ojo, es por la primera vez, si es reincidente, entonces sí aplica todo el rigor de la Ley y tendrán que enfrentar un juicio que seguramente lo condenará a prisión.
Este nuevo sistema es sin duda que se genere en la sociedad “un cambio cultural”, que la gente, el ciudadano, entienda los beneficios de este nuevo sistema y camine con él en el sentido de respetar las leyes, apegado a la legalidad; porque si no es así, por sí solo y por maravilloso que sea el sistema, esta herramienta se quedará corta y se estará desperdiciando una gran oportunidad de dar un salto gigantesco a la modernidad de la justicia en México.
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