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lunes, 1 de mayo de 2017

Mercado Interno Juan Manuel Rodríguez

Casi 44% de informalidad en el Estado y el
60 por ciento son micro-pequeñas empresas 

Capital y Trabajo, deben encontrar solución 
la desigualdad que sufre Aguascalientes  


Juan Manuel Rodríguez  (1º mayo 2017)

La conmemoración del “Día del Trabajo”, que se recuerda este primero de mayo, debe ser objeto de una profunda reflexión de cuáles son las condiciones laborales de los más de  medio millón de trabajadores que constituyen uno de los dos principales factores de la producción; el capital y el trabajo. Más cuando recientemente, con el gobernador como testigo, los integrantes del movimiento obrero organizado del Estado signarón un documento de alianza con los representantes cupulares del sector del capital representado por el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes.


Como en todo el país, Aguascalientes representa una enorme desigualdad social producto de una política económica oficial federal implantada sobre una base de precariedad laboral como principal objetivo de atracción de inversión extranjera, lo que ha generado la proliferación de una economía subterránea o informal, donde incluso se obtienen mejores ingresos que como empleados de empresas formales y si a nivel nacional 6 de cada 10 están en la informalidad, aquí es menor y la proporción es de 43.8 por ciento de informales sobre la población ocupada (oct-dic 2016, el más reciente informe de INEGI sobre el caso de Aguascalientes).

Tan comprometida está la política oficial con el problema laboral, que a nivel nacional uno de cada cuatro empleados informales trabaja en el sector formal de la economía, y hastga en el sector gobierno, hecho que refleja que la informalidad está plenamente integrada a la estructura y al sistema económico nacional. 

Aquí, en Aguascalientes de ese casi 44% de la población ocupada que son informales, en realidad sólo la mitad, el 23.2 por ciento son los informales tradicionales que trabajan por su cuenta en su hogar, no están registrados ni pagan impuestos; la otra mitad son la parte ampliada de informales que ahora incluye INEGI  y que, al detalle, representan 7.9 por ciento en el trabajo doméstico remunerado, 10 por ciento en el ámbito agropecuario “y 32  por ciento a las empresas, gobierno e instituciones” (que, agregamos nosotros, son instituciones formales, pero  en donde  sus empleados no tienen acceso a la seguridad social ni prestaciones, vacaciones, reparto de utilidades etc. ).

En Aguascalientes, es importante observar el tamaño de las empresas en que trabajan nuestro sector laboral,. En su último informe sobre el estado, INEGI señala que sin tomar en cuenta a la población laboral agropecuaria, el 76 por ciento del personal ocupado está en el resto de las empresas que, según cifras a diciembre de 2016, se distribuyen así: la quinta parte (19.5%) laboran en grandes empresas; sólo 8.6% en medianas empresas; 16.7 por ciento en pequeñas y el enorme 42.8 por ciento en microempresas. 

Hay quienes, en el sector oficial federal, ahora proponen impulsar en Aguascalientes a los emprendedores salidos de universidades y tecnológicos, bien preparados y dejar de lado a los microempresarios. Quizá quieren decir no hacer caso , “no más”, dijeron, de los “changarros”. Está bien apoyar a emprendedores  técnicos bien preparados, pero la pregunta sería ¿qué vamos a hacer con el 60 por ciento (exactamente 59.5%  según INEGI) que suman las micro y pequeñas empresas que tenemos en Aguascalientes y que representan el mayor porcentaje de fuentes de empleo en el estado?  ¿Los abandonamos a su suerte? ¿Está mal el gobierno del estado y el municipio de la capital en apoyar a la micro, pequeñas y medianas empresas?

Es, pues, en este momento de alianza de los sectores de la producción, de hacer un profundo análisis y trazar una política laboral que busque una solución, a un problema que en el fondo es causante de la inequidad social que sufrimos. Si se observa, un paulatino incremento salarial, un crecimiento de pequeñas y medianas empresas, una política general en ese sentido puede fortalecer las remuneraciones de un sector laboral aguasxalentense que va acercándose a los 600 mil integrantes de la Población Económicamente Activa y que, de tener ingresos que les permitan superar la línea de la pobreza, fortalecerán nuestro mercado interno, habrá mayor consumo y nuestros industriales y empresarios  productores de la riqueza podrán ampliarse en beneficio de toda la sociedad.

Unas mantas en el desfile obrero de hoy, pidiendo mejores salarios y respeto a los derechos de lostrabajadores, es una buena petición, pero debe ser abordada  con el sector del capital para encontrarle una solución factible y plausible para fodos. Se han dado pasos en otras áreas, como la Cidad de México para subir los salarios, se autorizó un aumento, pero sólo al salario mínimo, para llevarlo de 73.04 a 83.04 pesos, pero son medidas parciales y limitadas y no influyen en toda una política oficial que, sin embargo, no puede aplicarse a rajatabla sin peligro de descomponer aún más la ya de por sí destrampada inflación por los “gasolinazos”, pero sí pueden adoptarse medidas paulatinas de efecto positivo para todos, que den marcha atrás a la aberrante  política laboral que tiene, hace decenios, sumido al sector obrero en condiciones precarias y con aumentos persistentes en los índices de pobreza...

EN una reunión internacional programada por Patricia Mercado en la Ciudad de México, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) concluía que el origen de la informalidad en América Latina se debe a mercados segmentados o duales, al exceso de oferta de trabajo y a una tradición legalista que favorece la precariedad.  la informalidad está inmersa en la tradición estructuralista de exclusión y que existe una clara correlación positiva entre  la informalidad laboral y los niveles de desigualdad.

 En esa misma reunión, Benjamín Temkin y Graciela Bensusán, investigadores de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),  señalaron que “darle un lugar central a la política laboral es imperativo, pues no existe ningún programa social o de asistencia que pueda cancelar los problemas de una política laboral ineficiente y empobrecedora”.
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