*Alarma a industriales, comerciantes, gobernadores
y sociedad, apresurar un año aumento a gasolinas
Juan Manuel Rodríguez ()31-12-16)
Si observamos desapasionadamente todas las reacciones que a nivel nacional se han desatado ante la determinación oficial de adelantar un año la liberalización de los precios de los combustibles, sobre todo gasolinas y gas, las repercusiones que ya tienen sobre los incrementos de precios y que se redoblarán al iniciar el próximo año, concluiremos que el encabezado de este comentario no es catastrofista.
Ysi apuntamos que, sin tocar los grandes ingresos y privilegios de la alta clase política nacional, los “gasolinazos” generarán 73 mil millones de pesos más de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fijo (IEPS), sólo sobre la venta de Magna, Premium y diesel en 2017, cifra superior a los 184 mil 439 millones que esos impuestos lograron captarse en el presente año de 2016, podríamos concluir que la liberalización tiene, entre otros objetivos, la mayor captación de tributos extras que tendremos que pagar los mexicanos.
Otro de los evidentes objetivos, que no es un dato menor, es favorecer a los inversionistas extranjeros a quienes se les darán concesiones, no sólo de obras de infraestructura energética, sino del transporte, almacenaje, distribución y venta directa de los combustibles. Mientras sigue el abandono de nuestras obsoletas refinerías.
Enrique Solares Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) advirtió que el incremento de 20 por ciento en el precio de las gasolinas afectarán a todo el sector productivo y repercutirá en el consumidor final que será quien sufrirá un incremento sobre todo en la canasta básica de alimentos. Los productores de leche ya ven impactos entre 8 y 10 por ciento (entre 40 y 60 centavos por litro) en ese producto y los de arroz entre 25 y 30 por ciento en el grano.
Cuando menos uno de los subgobernadores del Banco de México temió crecimiento de 4 por ciento en la inflación de 2017, según reveló la minuta de la última reunión sobre política monetaria divulgada por Banxico, unque la conclusión fue de que sería hasta 2018 cuando retorne el control inflacionario al 3 por ciento.
Alarmados ante el nulo crecimiento de la industria nacional durante el presente año que termina, severamente presionados tanto por la depreciación del peso y por el incremento en las tasas de interés, los industriales mexicanos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) que encabeza Manuel Herrera, demandó aplicar medidas para blindar al sector productivo, incrementar el contenido nacional en las compras del gobierno, mayor apoyo de la banca de desarrollo, garantía jurídica y estado de derecho, dado que este sector es de los mayores generadores de riqueza y empleo, todo antes de aplicar cualquier aumento en los combustibles.
Los primeros días de la semana la clase política y legisladores mantuvieron el silencio sobre el tema del “gasolinazo” y fue López Obrador quien abrió con fuerte crítica y sólo así salió el dirigente nacional del PRI en defensa de la medida y, por parte del PRD, que originalmente apoyaron la aprobación de las reformas estructurales incluida la energética que nos iba a bajar los precios del combustible, amenaza con marchas, mítines y buscan firmas para revisar la reforma, al tiempo que van contra la secretaría de Energía y hasta Jesús Zambrano replicó pidiendo un boicot en la compra de gasolina durante los 3 primeros días de enero.
La preocupación tocó las fibras de los gobernadores, quizá a toro pasado, al buscar a través de su Confederación Nacional (CONAGO), una tardía reunión en los primeros días del año que inicia, sólo para recibir una explicación del gobierno federal sobre los “gasolinazos”. Se dice que esa reunión la provocó el gobernador de Nuevo >León, el “Bronco” Rodríguez Calderón mediante un tuit enviado al presidente de la Conago, señalando que era necesario realizarla porque “el pueblo no debe pagar por malos gobernantes”.
Lo cierto es que la sociedad está consciente de que el 2017 será el año al que nos tiene acostumbrados la clase política que ha gobernado al país los últimos 33 años, en que caerá nuevamente sobre los hombros del pueblo mexicano trabajador, todo el peso de las persistentes crisis sexenales producto, no de un modelo económico –que seguramente ni existe—sino de determinaciones de un poder autoritario sostenido por una partidocracia ya rechazada abiertamente por la sociedad mexicana.
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