No somos verdugos; solamente actuemos
de manera institucional: Oswaldo Rodríguez
Intervención del legislador de Movimiento Ciudadano en el debate sobre las resoluciones del Trife.-
"Solicité el uso de la palabra en esta, la más alta tribuna del Estado, para
compartir con ustedes, compañeras y compañeros legisladores, las razones que
tengo para votar a favor del acuerdo legislativo que hoy se somete a
consideración del pleno.
La mayor responsabilidad social que he tenido en mi vida es la de ser legislador de Aguascalientes, además es un gran honor poder representar a nuestra ciudadanía en el Congreso, gracias a la confianza que depositaron en mí una gran cantidad de personas para que fuera integrante de uno de los tres poderes del Estado, el Poder Legislativo, donde primordialmente reformamos y aprobamos leyes, que norman el comportamiento de los integrantes de la comunidad.
El trabajo que realizamos es
trascendental y significativo, procuramos el beneficio de todos y cuando, por
la naturaleza del tema, no podemos lograrlo, atendemos la voz de la mayoría sin
dañar o trastocando lo menos posible a las minorías.
No debemos olvidar la esencia de nuestras funciones, la
constitucionalidad es condición indispensable en las democracias modernas, no
está en nuestro ADN el ser verdugos o sádicos para gozar viendo rodar cabezas
de supuestos enemigos; solamente debemos actuar de manera institucional.
El Instituto Nacional Electoral da vista a este H. Congreso para que se “proceda en los términos de las
leyes aplicables” a sancionar al Gobernador, porque no es competente para ello,
nos pide que no seamos juzgadores, pero sí sancionadores. Como verán, no
parece lógico qué: los razonamientos, las pruebas y el juicio que motivó la
resolución, estén desligadas de nosotros, que ahora somos los que debemos
sancionar.
Lo anterior, es preciso aclararlo porque estamos frente a una situación jurídica y política inusitada, donde no se cuenta con una norma expresa para actuar conforme al principio de legalidad, lo cual representa un reto para esta Soberanía, ya que, por una parte tenemos un proceso especial sancionador que resuelve sancionar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, y por la otra, el INE tiene que dar vista al Congreso del Estado para que lleve a cabo la aplicación de la sanción, es decir, que los legisladores locales bajemos el lazo de la guillotina o bien cubramos con el velo de impunidad este delicado asunto.
Como verán parece que estamos frente a un dilema o un laberinto
confuso en el que no hay puerta, tenemos que construirla para poder salir
todos, me refiero a quienes integramos el H. Congreso del Estado, porque es
nuestra responsabilidad, no nada más de unos diputados de un color o de otro.
La resolución del Instituto es legal, y por tanto tenemos la responsabilidad de cumplirla aplicando las normas locales mediante una interpretación seria, responsable y objetiva de las mismas. Tenemos la obligación constitucional de cumplir con el principio de legalidad; así mismo, el compromiso político de razonar y fundamentar la sanción al Titular de un poder que tiene la misma jerarquía, con quien hemos trabajado en una franca colaboración de poderes, con pleno respeto a las funciones y a las acciones que realizamos.
Con la aplicación de la sanción al Gobernador, cumplimos con la obligación constitucional, legal e institucional, pero sobre todo con los ciudadanos de Aguascalientes quienes son la fuente de legitimación política y jurídica de esta Soberanía, ya que con ellos tenemos una obligación moral y ética, de cumplir y hacer cumplir las normas que nos rigen, en una forma transparente para fortalecer la rendición de cuentas y la vida democrática en nuestro Estado.
Aun cuando no estemos de acuerdo en la forma exagerada como el INE magnificó los hechos y cómo con un mínimo de pruebas que el propio juzgador se hizo allegar, sobrevaloró los efectos ocasionados por la supuesta falta del ciudadano Gobernador. Aplicar una sanción al Gobernador es un acto de responsabilidad y objetividad.
Por lo anterior, mi voto es a favor del acuerdo legislativo mediante
el cual se sanciona al ciudadano Gobernador, con la confianza de que esta soberanía,
en uso de sus facultades, actuará de manera razonable y congruente con
la magnitud de los hechos que motivaron el procedimiento administrativo impidiendo
que en esta histórica decisión interfieran pasiones o sinrazones".

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