Con su apoyo se agilizará la
impartición de justicia
Ante el sensible incremento de demandas de declaración
de “estado de interdicción” para personas con una mermada salud mental, el Instituto de Salud
del estado, asignó médicos a los juzgados para realizar
peritajes y con ello acelerar la
administración de Justicia en la materia, así lo manifestó el titular del Poder
Judicial Juan Manuel Ponce Sánchez.
Afirmó el magistrado que se justifica la necesidad de
la medida, por el considerable incremento de demandas en las que se solicita
declarar a alguna persona en “estado de interdicción”, debido a que por su
salud psicológica carecen de capacidad
para decidir, y debe por ello, nombrársele un tutor que la represente y
administre sus bienes.
Calificó como oxígeno puro la incorporación de
estos médicos, así como el de Servicios
periciales de la Fiscalía estatal , ya que
son indispensables para que el litigio avance, pues son quienes rinden
la opinión técnica de que alguien está dañado psicológicamente y por tanto
carece de capacidad volitiva, y al no haber en ocasiones disponibilidad física
de estos, o coincidencia en la comparecencia de los diversos peritos
nombrados en un expediente, el asunto
simplemente no camina, y si le sumamos que las fechas de agenda en los juzgados
familiares están llenas hasta para los próximos dos meses en promedio, estos se hacen eternos y difícilmente llegan
a buen término, ya que por la carga de trabajo es difícil obtener
sentencias oportunas. (La palabra volitivo proviene del latín y su traducción está directamente relacionada con el verbo “querer”. La Real Academia Española (RAE) afirma que volitivo es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad).
Afirmó que el incremento en este tipo de procesos
judiciales en este año es de casi el 60 % en relación con los dos años
anteriores, en lo que los casos se habían mantenido estables.
Explicó que los médicos trabajaran también en
peritajes en los que se deba de abordar temas de salud mental en procesos diversos, y que
estos sean luz para que el juez pueda
dictar resoluciones.
Afirmó el magistrado que cada juzgado familiar realiza
en promedio veinte audiencias diarias y maneja anualmente entre cinco y seis
mil expedientes, considerándose demandas recientes y las de años anteriores en
que también se actúa para actualizar
alimentos, cambiar régimen de convivencia con los hijos entre otras cosas.
Así mismo, dijo el magistrado, se nombró una comisión
para el estudio y análisis de la problemática derivada de la propia ley, para determinar el número de
peritos necesarios al respecto, a fin de
acreditar la incapacidad mental del propuesto a declararse en estado de
interdicción, ya que actualmente se requieren tres peritos y se valorará si
esto es necesario, o si pudiera cambiarse el número y la especialidad de estos profesionistas, proponiendo en su
caso una reforma legal.
El magistrado Ponce Sánchez aseveró que
“esto es fruto de la positiva relación
de trabajo interinstitucional sostenida por el Pleno de magistrados y los responsables
del Instituto de Salud en el Estado”, y
la Fiscalía estatal quienes han sido
sensibles a la problemática planteada, dando respuesta inmediata en apoyo a la
población que acude a los tribunales.
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