Adquiere autonomía total
el Tribunal Electoral
· El
Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas al Código Penal y a la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado.
· Se
modificó el procedimiento de elección de Ombusman y otros ordenamientos en
materia de Derechos Humanos.
· Por
unanimidad se aprobó en lo general la nueva Ley de Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes.
· Fue
aprobada una iniciativa para que se creen espacios para la recreación y la
activación física en nuevos fraccionamientos.
En sesión se
aprobó por unanimidad el dictamen que contiene la iniciativa que deroga
diversos artículos del Código Penal del Estado y reforma artículos de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de Aguascalientes –presentada por el diputado Juan
Antonio Esparza Alonso, a nombre del GPPRI-PVEM-, con lo que se le atribuye
completa autonomía a la autoridad electoral local, separando su jurisdicción
del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.
A decir de los
promotores la propuesta significa la culminación de la Reforma Constitucional
en materia Político-Electoral y que contempló la reforma constitucional, el
nuevo Código Electoral para el Estado y ahora separar la jurisdicción electoral
del Poder Judicial del Estado. Ello “dará, certeza, equidad y más transparencia
a la vida democrática en Aguascalientes.
A partir de lo
anterior, el Senado de la República tendrá la base para iniciar con lo que se
tiene previsto para la selección de magistrados de lo electoral como lo hace ya
el Instituto Nacional Electoral para la selección de consejeros del nuevo
organismo electoral que se forme en la entidad. De acuerdo al documento, esto
da paso a la conformación de un Tribunal Electoral del Estado, integrado por
tres magistrados y el cual operará con autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones.
Sobre este
asunto, la diputada Rosa Elena Anaya Villalpando, en representación del Grupo
Parlamentario del PRI-PVEM, afirmó que estas reformas armonizan el marco
jurídico penal y electoral, y a la vez dotan de autonomía total al Tribunal
Local Electoral, separándolo del Poder Judicial del Estado.
Anaya
Villalpando agregó que con ello se fortalece el sistema que protege las
garantías individuales y electorales, pues ahora los magistrados que lo integrarán serán
elegidos por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores; aseguró que estas modificaciones
brindarán mayor certeza, equidad al
proceso electoral local del próximo año.
La iniciativa
dictaminada por la Comisión de Justicia logró el sufragio positivo de la
totalidad de la representación popular de Aguascalientes.
Durante la
sesión, se sometió a consideración del Pleno, la iniciativa por la que se
modifican los Artículos 1º; 2º; 5º; 6º, 9º, 11, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 28,
30, 31, 35, 37, 39, 39 bis, 39 ter, 59, 76, 89, 90 y 92 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado, presentada por los diputados Anayeli
Muñoz Moreno y José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, del Partido Verde Ecologista
de México.
Asimismo, el
dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, resuelve la iniciativa por la que
se reforman los Artículos 16, 17 y 24 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, presentada por el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
De acuerdo a
la propuesta del GPPAN, los aspirantes a ocupar el cargo de Presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, deberán cumplir el requisito de no haber
desempeñado en los 3 años anteriores al proceso de selección, puestos de
elección popular, de dirigencia partidista, ni funcionario de alto nivel en la
administración pública. Asimismo, en el dictamen se estableció que en la
elección del Ombudsman haya hasta tres rondas de votación en una sesión
plenaria, cuando se dé el caso que en una primera instancia no se logre el
número de votos estipulado en la ley.
En cuanto al
planteamiento que formularon los diputados del PVEM, se contempla otorgar la
facultad a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que realice
visitas de inspección a los Centros de Asistencia Social e instituciones
privadas dedicadas al control de adicciones. Se plantea asimismo el incremento
de la multa a la autoridad responsable que omita entregar el informe sobre los
hechos que les impute las observaciones de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, quedando de cincuenta a quinientos días de salario mínimo.
Momentos antes
de someterlo a la votación del Pleno, la legisladora Anayeli Muñoz Moreno,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, afirmó
que las reformas son el resultado de la organización del reciente proceso de
elección del Ombudsman que les correspondió encabezar; dijo que fue ahí donde “nos dimos cuenta que había necesidad
de emprender precisiones en el mecanismo, en los requisitos para quienes
aspiran a ocupar a tan importante cargo, ya que por ejemplo, el dictamen
establece que los candidatos no deben haber desempeñado en los últimos tres
años al proceso de la elección, algún puesto de elección popular, de dirigencia
partidista o en la administración estatal en un alto nivel”.
Muñoz Moreno
destacó que las adecuaciones también facultan a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos para que realicen visitas continúas a los centros de asistencia social
públicos o privados que atienden el control de adicciones.
La legisladora
Anayeli Muñoz expresó su beneplácito por el impulso a estas reformas que darán
mayor certeza y transparencia a la designación del titular de la CEDH, por lo
que agradeció el apoyo de sus homólogos de las distintas fracciones
parlamentarias.
De igual
forma, el legislador Mario Alberto Álvarez Michaus tomó la palabra para señalar
que se ha vuelto común la difusión de videos a través de redes sociales, donde
se dan a conocer actuaciones irregulares de cuerpos de seguridad pública, lo
que de cierta manera demuestra un mayor conocimiento de la población con
respecto a sus derechos.
El diputado
panista indicó que ellos propusieron que quien aspire al cargo de Ombudsman
deberá estar alejado de cuestiones partidistas o hubieran tenido un cargo de
alta posición en el servicio público.
El dictamen
emitido por la comisión parlamentaria de Derechos Humanos obtuvo los votos
favorables de todos los legisladores presentes en el recinto oficial del
Congreso del Estado.

La propuesta
presentada por el jefe del Poder Ejecutivo consiste básicamente en establecer
que todas las autoridades Estatales y Municipales en el ámbito de sus
competencias están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar el
pleno ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que
habiten o transiten en el Estado de Aguascalientes.
En cuanto a la
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entre otras
cuestiones, propone crear y regular la integración, organización y
funcionamiento del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Aguascalientes, a efecto de que el Estado y los municipios cumplan
con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución
integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido
vulnerados.
Sobre el tema,
la diputada Norma Adela Guel Saldívar, en representación del Grupo
Parlamentario del PRI-PVEM, indicó que resulta imperativa la armonización del
marco legal, pues es un reflejo claro que tiene la autoridad por salvaguardar,
respetar y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La
representante popular del PRI aseguró que esta es una herramienta que tutela
los derechos de los menores de edad y sus garantías sociales, por lo que ahora
se clarifican y amplían obligaciones de autoridades, padres de familia y de
entes del sector público y privado.
En tribuna, la
legisladora María de Lourdes Dávila Castañeda estimó pertinente clarificar el
dictamen en análisis, norma vigente a nivel nacional desde diciembre de 2014.
Dijo que se trata de garantizar el derecho a una vida diga de las niñas, niños
y adolescentes, como la supervisión de la atención de los mismos en los centros
de asistencia social, la creación de un sistema local de protección a los
menores de edad con participación de los municipios; habrá también, explicó,
una Procuraduría Local de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; entre
otros.
Destacó la
diputada del GPPRI-PVEM, que establece la necesidad de políticas públicas que
fortalezcan a nuestras familias, la convivencia escolar armónica –sin maltrato
y discriminación-, el derecho a profesar la religión o creencias que se
determinen en cada familia, y en general, el respeto y tolerancia. “Se trata de
apoyar a los grupos vulnerables, de impulsar la formación en valores, nunca en
contra de la infancia, pues equivaldría a actuar en contra de nuestros hijos”.
A su vez, el
diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD,
celebró que se respetaron los preceptos propuestos por nuestra bancada, al ser
una ley trascendente en el respeto de los derechos humanos, al crearse la
Procuraduría para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, además
de un Sistema Local.
El legislador
del Partido de la Revolución Democrática se logra que los municipios respeten y
apliquen el ordenamiento se puede hablar de un éxito rotundo, pues es donde se
dan los casos en los que se atentan contra los derechos de los menores de edad;
sostuvo que éste nuevo ordenamiento pone al estado en avanzada porque el
catálogo de derechos humanos está cimentado en los diversos Tratados
Internacionales.
Así, Escobedo
Tejada indicó que aún queda tarea pendiente, pues habrá que armonizar diversas
leyes que tendrán que ver con el alcance de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que hoy se
sometió a votación.
El diputado
Jaime Adolfo Vargas Espinoza señaló que la ley en estudio ofrece un desafío
enorme a las instituciones, ya que los niños, niñas y adolescentes están
virtualmente abandonados, por sus padres y maestros.
El representante
popular del Partido del Trabajo, calificó a la ley de “hermosa y completa”, que
alude a la “pedagogía de la esperanza” de Paulo Freire, y puede llevar a que se
comprometa a los actores involucrados en el desarrollo de los menores con
aquellas “utopías que todos podemos convertir en realidad”. Expresó que es una ley
transversal, que requerirá una transformación al ámbito de la educación.
Empero, comentó que le preocupa la operatividad, pues las escuelas “deben ser
limpiadas” pues han sido abandonadas financieramente.
Vargas
Espinoza indicó que se tiene que hacer un gran trabajo, pues se está a merced
de la educación informal que se recibe en los medios electrónicos, en la calle
y los espacios públicos. Citó por último a Juan Pablo II, al observar que “el
educador principal es la familia, los padres”, por lo que invitó a que sea
precisamente desde allí donde se tengan que apuntalar esos esfuerzos.
Por su parte,
el diputado del Partido Movimiento Ciudadano Oswaldo Rodríguez García, se
pronunció a favor del dictamen porque aseguró ser un representante popular que
impulsa los valores humanos y cívicos, con lo cual dijo que esta nueva ley no
es la excepción, pues salvaguarda de manera concreta derechos humanos y
garantías de menores de edad que se encuentren en situaciones de
vulnerabilidad.
Pugnamos por
la libertad y la igualdad para desterrar la discriminación y la violencia a la
que se enfrenta nuestra niñez, por lo que dijo que resultaría ilógico votar en
contra de una ley que protege a lo más preciado de nuestra sociedad.
Se procedió a
la votación en lo general del dictamen, obteniendo la aprobación de todos los
legisladores presentes en el salón de sesiones “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”.
Para hacer
propuestas en lo particular, pidió la palabra el diputado Adolfo Suárez
Ramírez, quien señaló que el principio fundamental es el respeto a la dignidad
de la persona humana desde el nacimiento y para el PAN desde la concepción, por
lo que planteó que no se debe soslayar la participación de los padres de
familia. Asimismo, reconoció el apoyo de los coordinadores de las fracciones
parlamentarias por apoyar algunas reservas a la nueva ley.
Dado lo
anterior, propuso diversos ajustes en la redacción para clarificar las
atribuciones del Estado y de los padres de familia, entre otros puntos, que la
votación respectiva obtuvo la afirmativa de manera unánime.
En su
oportunidad, el diputado Eduardo Rocha Álvarez en lo particular, propuso
modificaciones en el artículo 67 de la presente ley para la que la Procuraduría
Local de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes puedan
imponer sanciones a los medios de comunicación locales cuando difundan material
gráfico o informativo que ponga en peligro su integridad e identidad, con la
obligación de que reparen los daños a los afectados.
Asimismo,
Rocha Álvarez planteó que de igual manera se impongan castigos a quienes
realicen entrevistas de menores de edad que sean víctimas o victimarios, así
como a sus familiares, con el propósito de evitar que sean criminalizados o
estigmatizados por un hecho.
La propuesta
fue avalada por la unanimidad de los diputados presentes en la sala de sesiones
del Pleno.
Por su parte,
el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, sugirió una reserva al Artículo119,
para adicionar una facultad a la Procuraduría de Protección local en los
siguientes términos: “Recibir solicitud de activación de Alerta Amber, por
motivo de desaparición de niñas, niños y adolescentes y en su caso, proceder de
acuerdo al protocolo nacional con la normatividad aplicable”.
El
planteamiento particular obtuvo el visto bueno de todos los representantes
populares presentes.
Por su lado,
la diputada Martha Márquez Alvarado señaló en tribuna antes de exponer sus
reservas en lo particular, que el GPPAN está “en contra de un proceso acelerado
legislativo, de legislar sobre un asunto sólo porque proviene de la agenda del
presidente de México, pues nunca permitiremos que se esté en contra del sano
desarrollo de nuestros hijos porque estamos a favor de las familias del estado
“.
Entre muchas
cosas, planteó la eliminación de varios preceptos en materia de los derechos a
la educación y la salud de los infantes, moción que fue desechada por la
mayoría de los legisladores, registrándose una votación 16 votos en contra y 7
a favor (GPPAN).
Recibió
también la aprobación unánime de la LXII Legislatura de Aguascalientes, el dictamen de las comisiones unidas de
Recreación y Deporte, Fortalecimiento Municipal y la de Planeación, Desarrollo
Urbano y Obra Pública, con la iniciativa de reformas a diversos artículos y
fracciones de la Ley Municipal de Aguascalientes y del Código de Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, -presentada por la diputada Martha
Márquez Alvarado, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN-, la cual contempla
que en las poblaciones mayores a 500 habitantes se instalen espacios públicos
para la práctica de la activación física y el deporte, además de establecer la
obligación para que los fraccionadores hagan lo propio en las áreas de
donación.
La promotora
de la iniciativa, quien dio lectura al dictamen respectivo, agradeció el apoyo
de sus compañeros legisladores para su propuesta, tras lo cual se practicó la
votación respectiva con el resultado favorable ya mencionado.
Sin otro
asunto, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Juan Manuel Méndez
Noriega, citó a la próxima sesión para el día jueves 4 de junio, a las 11:00
horas en el lugar de costumbre, tras lo cual cerró los trabajos legislativos
del día.
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