El primero entiende que el cargo que ocupa no le pertenece; que le fue confiado temporalmente por los ciudadanos y, por lo tanto, está sujeto al escrutinio, a la crítica y a la rendición de cuentas. El segundo confunde el puesto con un patrimonio personal y considera cualquier cuestionamiento como una ofensa que debe cobrarse.
Cuando un medio documenta una ausencia, una omisión o una incongruencia, no ataca a la persona; cumple con una obligación elemental: informar. Lo preocupante comienza cuando, en lugar de responder con hechos, aparecen los intentos de intimidación, las llamadas, las presiones y las pequeñas venganzas dirigidas no solo contra el medio, sino incluso contra personas que nada tuvieron que ver con la publicación.
Ese comportamiento revela una peligrosa confusión entre el poder y la autoridad. El poder prestado suele marear a quien olvida que mañana puede dejar el cargo; la autoridad, en cambio, se construye con resultados, transparencia y capacidad para aceptar el disenso.
Pero hay algo todavía más delicado: quienes no ven el servicio público como una responsabilidad temporal, sino como una carrera para seguir escalando posiciones y vivir permanentemente del poder. Es entonces cuando la crítica deja de verse como una herramienta para corregir y comienza a percibirse como un obstáculo para la siguiente candidatura, el próximo nombramiento o el siguiente peldaño en la escalera política. Por eso reaccionan con enojo, porque no defienden un resultado de gobierno; defienden un proyecto personal.
Quien utiliza la estructura pública para ajustar cuentas personales termina dañando mucho más que a un periodista o a un medio. Arrastra a la institución que representa, compromete a sus superiores, desgasta a sus colaboradores y envía un mensaje preocupante: que el aparato gubernamental puede convertirse en instrumento de revancha.
Los cargos públicos no incluyen inmunidad a la crítica. Al contrario, mientras mayor es la responsabilidad, mayor debe ser la disposición para responder ante los ciudadanos. Pretender ser intocable es olvidar el principio más básico de la democracia: los funcionarios son empleados de la sociedad, no sus dueños.
La prensa no está para aplaudir ausencias disfrazadas de trabajo, ni para validar simulaciones. Está para preguntar, documentar y señalar cuando algo no cuadra. Porque cuando un político deja de aceptar la crítica y comienza a perseguir a quien la ejerce, deja de comportarse como servidor público y empieza a actuar como alguien que cree que el poder es suyo… y que hará cualquier cosa para no soltarlo.
Y sí, también va para esos actores políticos, funcionarios y aspirantes que, años después, siguen empecinados, resentidos y “lastimados” por críticas que nunca pudieron superar. Si una nota les sigue quitando el sueño, el problema nunca fue la prensa.
Funcionario, las puertas siguen abiertas. Las líneas directas existen para aclarar, responder o ejercer su derecho de réplica.
Lo que no existe es el derecho a intentar silenciar a un medio porque una crítica les incomodó.
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