El Poder Judicial del Estado de Aguascalientes dio un paso histórico en materia de justicia familiar y protección de los derechos de la niñez, al fortalecer sus capacidades institucionales para ordenar, gestionar y facilitar la práctica de pruebas de paternidad dentro de los procedimientos jurisdiccionales correspondientes, como una medida orientada a garantizar el derecho humano a la identidad y privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior quedó formalizado mediante una Declaratoria Institucional signada por la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Maestra María José Ocampo Vázquez, y que tuvo como testigos de honor a la Gobernadora Constitucional del Estado, Tere Jiménez; la señora Aurora Jiménez Esquivel, Primera Voluntaria del Estado y Presidenta del Sistema DIF Estatal; la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba; el Maestro Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Consejero Jurídico de Gobierno del Estado; y el Doctor Manuel Alonso García, Fiscal General del Estado.
Esta declaratoria, muestra clara de un ejercicio de coordinación institucional, está encaminada a consolidar una justicia familiar más ágil, accesible y eficaz.
Con esta medida, un estimado de 200 procedimientos relacionados con reconocimiento de paternidad que se encuentran actualmente en trámite, además de los que se promuevan en todo el Estado, podrán encontrar mayor celeridad y certeza jurídica, permitiendo avanzar de manera más oportuna en asuntos que impactan directamente en el desarrollo integral, emocional y social de niñas, niños y adolescentes.
Durante su mensaje, la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado destacó que esta acción histórica permitirá brindar mayor certeza, accesibilidad y oportunidad en la restitución del derecho a la identidad, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con una justicia humanista y cercana a las causas que más impactan la vida de las familias.
Con acciones como esta, el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes refrenda su compromiso con una justicia más humana, cercana y sensible a las necesidades de la sociedad, impulsando medidas históricas que fortalecen la protección de los derechos fundamentales de la infancia y brindan mayor certeza jurídica a las familias hidrocálidas.
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