Una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 encendió focos de alerta en el municipio de Jesús María, al detectarse un monto por aclarar de 7 millones 560 mil pesos relacionado con una obra educativa que carece de documentación clave para su cierre administrativo.
De acuerdo con una investigación del periodista Diego De Alba Casillas, el señalamiento se concentra en la segunda etapa de construcción de aulas multidisciplinarias en la comunidad de Margaritas, cuyo expediente no cuenta con el acta de finiquito ni con el documento de extinción de derechos y obligaciones entre el municipio y la empresa contratista.
Aunque el contrato se ejecutó durante la administración anterior, hoy es el gobierno municipal encabezado por el alcalde César Medina Cervantes el que debe responder y aclarar la observación ante la autoridad fiscalizadora. La ASF determinó que sin estos documentos no puede confirmarse administrativamente que la obra quedó concluida conforme a lo contratado.
Autoridades municipales han señalado que los documentos existen y que el problema se originó por la forma en que fueron presentados durante el proceso de auditoría; sin embargo, la observación deja al descubierto debilidades en los procedimientos internos del municipio para el control y cierre documental de obras públicas.
El tema adquiere mayor relevancia política debido a que César Medina no es ajeno a la administración que ejecutó el contrato, pues formó parte del equipo cercano del gobierno municipal anterior, lo que lo coloca en una posición directa de responsabilidad para esclarecer el caso y demostrar que el manejo de los recursos públicos se realizó conforme a la ley.
Más allá de si la obra existe o no físicamente, el señalamiento de la ASF evidencia la importancia de mantener expedientes completos y procesos administrativos sólidos, ya que la falta de documentos clave puede derivar en observaciones millonarias y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo del dinero público.
El municipio cuenta con un plazo para solventar la observación; de no hacerlo, el caso podría escalar a un proceso de responsabilidad administrativa, lo que convertiría una omisión documental en un problema mayor para la actual administración municipal.
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