Por Cortando por Lozano
Aguascalientes, Ags.
Pedir comida por aplicación se volvió parte de la vida diaria en Aguascalientes. Miles de personas utilizan Uber Eats, Rappi o DiDi Food sin preguntarse algo básico: ¿en qué condiciones viaja el alimento antes de llegar a la mesa?
Ni el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA), ni la Dirección de Salud Pública Municipal cuentan con programas, protocolos o inspecciones para las motocicletas, mochilas o contenedores que transportan alimentos a domicilio. El restaurante es vigilado, la cocina es inspeccionada y el personal debe cumplir normas sanitarias, pero el traslado del alimento quedó fuera de toda regulación.
Hace unos días lo decía un integrante reconocido de un grupo político local: se obliga a cumplir al comercio formal, mientras el sector informal opera con total impunidad y sin responsabilidades claras. En el reparto por plataformas, esa lógica se repite todos los días.
En las calles circulan motos con mochilas sucias, deterioradas o en condiciones cuestionables, trasladando alimentos listos para el consumo. No es una generalidad, pero ocurre. Y cuando ocurre, no hay autoridad que revise ni sancione. Todo depende de la conciencia del repartidor.
Durante esta investigación, se consultó a la Dirección de Salud Pública Municipal y al área de Regulación Sanitaria del ISSEA. El doctor Luis Fernando Rodríguez fue claro: no existe ningún programa ni medida de revisión para las unidades de reparto de plataformas. En pocas palabras, el vacío es oficial.
A este escenario se suma un elemento reciente. La Comisión de Movilidad del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, una legislación que tampoco aborda el tema sanitario del reparto de alimentos, ni establece mecanismos para revisar motocicletas, mochilas o contenedores utilizados para este fin.
La nueva ley no contempla la verificación de permisos ni establece mecanismos para confirmar si el repartidor está debidamente autorizado para ofrecer el servicio. Tampoco fija controles específicos para quienes utilizan motocicletas en el reparto de alimentos. El énfasis de la reforma se concentró exclusivamente en aspectos de orden vial, dejando intacto el vacío existente en materia de salud pública, supervisión sanitaria y control operativo y de seguridad.
Lo único que sí se incorporó fue la obligatoriedad de portar el número de placa en el casco, una medida orientada a la identificación vial, cuya aplicación práctica y plazos aún están por verse. Fuera de eso, el reparto por plataformas sigue operando sin supervisión sanitaria, ni de Seguridad.
En otros estados del país, este mismo esquema ha sido utilizado como fachada para cometer delitos, aprovechando que la figura del repartidor ya no genera sospecha. Es ahí donde la omisión no solo es sanitaria, sino también de seguridad pública.
El problema no termina ahí. Muchas de las motos que circulan con mochilas y logotipos de plataformas ya no trabajan para esas empresas, y aun así nadie verifica su estatus. Esto no solo pone en riesgo al consumidor, también afecta la imagen de las propias plataformas, que terminan asociadas a prácticas que no controlan.
Se estima que en Aguascalientes operan más de 2 mil repartidores, la mayoría en motocicleta. Miles de traslados diarios, cero inspecciones. Una cadena completa de consumo que depende de la buena voluntad individual y no de reglas claras.
Conviene decirlo: no todos los repartidores son irresponsables. Muchos cuidan su equipo, su presentación y entienden la responsabilidad que cargan. El problema es que hoy no existe ninguna obligación que garantice que todos lo hagan.
La entrega a domicilio llegó para quedarse, la tecnología avanza y la vigilancia sanitaria en Aguascalientes debería de actualizarse.
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