Después de mucho aguantar, empujar y señalar, por fin le dieron las gracias (y no precisamente con diploma) a Gerardo, acusado de acosar a empleadas, pasantes y hasta pacientes del DIF Municipal. El sujeto, que se sentía intocable bajo el manto protector de su padrino político, el diputado Max Ramírez, hacía y deshacía como si el DIF fuera su feudo personal.
Pero esta vez no le alcanzó la bendición del padrino: lo corrieron. Aunque, con justa desconfianza, muchas se preguntan si de verdad se fue… o si solo lo movieron discretamente de oficina, como lo hicieron con Fernando N, en el CAM, otro señalado por acoso que, pese a tener carpeta abierta en Fiscalía desde 2023, sigue cobrando puntualmente mientras la justicia duerme la siesta.
Eso sí, cuando se trata de trabajadores “sin padrino”, los de a pie, los que sí cumplen horario y funciones, ahí sí no hay misericordia. A esos nadie los protege. Al contrario: los mandan a los cruceros en elecciones, los obligan a aplaudir en redes a cuanto funcionario necesite likes, entre otras funciones y, si se niegan, gracias y adiós.
En el caso del DIF, hay que reconocerlo: los directivos actuaron rápido, sin titubear y sin importarles de quién se trataba. Quizás un rayo de esperanza en un sistema que, la mayor parte del tiempo, se rige por apellidos, padrinos y conveniencias.
Porque hay que decirlo con todas sus letras: lo de los “padrinos” ya parece mafia. La LXVI Legislatura se está convirtiendo en agencia de colocación, y como bien lo expreso la diputada Alma Hilda, “aún tiene compromisos por cumplir”. ¿Será que ya está pavimentando el camino rumbo a la alcaldía?
Mientras tanto, los “huérfadrinos”, los que realmente sacan adelante las oficinas, siguen trabajando sin reflectores, sin palancas y, muchas veces, sin justicia.
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