Por Madero
Héctor Ruiz Esparza
Aguascalientes, Ags. a 22 de enero de 2024 d.C.
Por más que el gobierno federal, nos diga, informe o se creen diferentes instituciones, los servicios de salud en México continúan empantanados.
A la llega de este gobierno, se decidió por suprimir el Seguro Popular, retirar sus fondos y dedicarlos a otros fines, como los programas sociales.
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud llamado Seguro Popular, otorgaba cobertura de servicios de salud a población abierta, con un eficiente sistema de financiamiento para aquellos mexicanos que no contaban con cobertura institucional: IMSS, ISSSTE, institutos de salud de los estados o de las Fuerzas Armadas, fue cancelado en el año de 2019.
Todo es perfectible en esta vida, se le pudo hacer muchas modificaciones en su operación y mandarle hacer candados y reglas muy claras, ya que con las anteriores existieron actos de corrupción, pero también millones de vidas salvadas de mexicanos de escasos recursos.
El Seguro Popular otorgó cobertura a 53 millones de mexicanos en casi 14 años de existencia.
Con el “memorándum” que se envió (en el año de 2019) para la cancelación del Programa del Seguro Popular y con él, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), más las audiencias públicas celebradas en la Cámara de Diputados: la moneda quedo en al aire, al igual que la salud de los mexicanos de escasos recursos.
A partir de la iniciativa de reforma al nuevo Sistema de Salud Pública, sus funciones era elaborar un censo de médicos y trabajará de manera directa los sistemas de salud que ahora están a cargo de los gobiernos locales financiados por el Seguro Popular, previo acuerdo con el gobernador.
Y así nació el Insabi cuya corta vida —poco más de dos años— probó inutilidad e ineficiencia, puesto que no hacía realmente nada: no brindaba servicios, ni tampoco financiamiento para cobertura. Un total “éxito” en materia de salud.
Ante ello, a finales del año de 2023, se convocó a su evento matutino a los 23 gobernadores morenistas del país, 22 estatales y un jefe de Gobierno capitalino, anunciaron en la pobre y cuestionada administración de Jorge Alcocer —secretario federal de Salud— la presentación del Acuerdo de Federalización de Servicios de Salud.
Con el impacto de la pandemia y la saturación desbordada de los servicios públicos de salud, provocó el desastre absoluto del Sistema Nacional de Salud Pública, desprotegiendo a millones de mexicanos, estrangulando presupuestos de dependencias, además de provocar desabasto criminal de medicamentos, inexistencia de insumos hospitalarios, retraso semestral o mayor de cirugías y procedimientos.
Uno de los claros efectos medibles, a simple vista, es la proliferación de los consultorios de farmacias.
La población, en búsqueda de atención, se volcó hacia los servicios privados, ofrecidos por farmacias particulares, que detectaron con eficiencia la creciente necesidad y oportunidad de servicios de atención médica.
Según el INEGI y la encuesta del Coneval, la cobertura de servicios de salud con gasto de bolsillo —es decir, pagado por el ciudadano— ha crecido en más de un 40 por ciento en los últimos cuatro años.
Las famosas pensiones para personas de la tercera edad, se ocupan en pagar a farmacias y médicos generales para tratamientos y consultas.
La tragedia del abandono a millones de mexicanos en servicios de salud, especialmente durante la pandemia, provocó la muerte de casi 770 mil mexicanos, cuando el gobierno sólo reconoce la mitad. Y eso sólo se refiere al Covid.
Ya aparecerán estudios que apuntan a la desgracia sanitaria generalizada por la debacle del sistema.
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