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lunes, 1 de agosto de 2016

Jorge Varona Rodríguez: El papel de los legisladores


 

 

 

 

 

 

Mensaje del

Diputado Jorge Varona Rodríguez 

Julio 31 de 2016.

 


 

Dentro de pocos meses concluirá la responsabilidad constitucional de esta LXII Legislatura. Hoy, al finalizar el último periodo ordinario de sesiones, es oportunidad de un balance y de reflexiones.

 

Legislar es punto de partida para que ocurran las grandes trasformaciones. Modificar nuestro marco legal, es una forma certera de impulsar el cambio social y convertir la realidad que vivimos en la que queremos. La democracia, el bienestar colectivo y el desarrollo económico, se han edificado, y se construyen, al evolucionar nuestras normas comunes. Las comunidades y las familias encuentran las condiciones propicias para avanzar hacia un mejor porvenir, justamente, en una sociedad con buenas leyes.

 

En un tiempo de cuestionamientos e incertidumbres en la esfera pública, la tarea parlamentaria nos da la oportunidad de mejorar la vida comunitaria de Aguascalientes, perfeccionando nuestras leyes, haciendo que nuestro trabajo cotidiano sea un escalón que nos conduzca a una mejor convivencia, acercándonos a los anhelos de justicia social, desarrollo integral y bienestar colectivo.

 

Legislar es pactar. Así, para que la tarea del Poder Legislativo se traduzca en avances concretos y una oportuna adecuación normativa que beneficie a la sociedad, es fundamental construir consensos. Detrás de cada iniciativa presentada y cada asunto resuelto, existe un proceso de estudio y análisis. En cada sesión de trabajo parlamentario, hay una dinámica de diálogo, deliberación e implementación de mecanismos de convergencia entre las fuerzas partidistas representadas en el Congreso. Así, a cada cifra le corresponde un tiempo determinado de trabajo, investigación, debate y acuerdo, que permiten la construcción de mayorías con la inclusión de las minorías.

 

Esta convicción ha tutelado nuestro quehacer, por ello celebro y patentizo la disposición de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, Nueva Alianza, Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y, desde luego, del Revolucionario Institucional-Verde Ecologista, de sus coordinadores y de todos y cada uno de los legisladores.

 

Debe comprenderse que el trabajo del Congreso del Estado es de carácter colegiado. No es, no puede ser producto de un legislador o de un grupo parlamentario. Los 27 integrantes de la legislatura somos corresponsables de lo que hayamos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. Lo realizado es mérito de todos y las omisiones son deficiencias de todos. 

 

Así, por encima de diferencias ideológicas de forma y de fondo, los integrantes del Congreso estatal hemos actuado, a lo largo de estos tres años, con la conciencia de que la labor parlamentaria debe responder al cambio social que se nutre tanto de las transformaciones culturales como de los avances económicos. Acreditamos voluntad personal e institucional a fin de contribuir positivamente a la gobernabilidad del estado, ya que optamos por la estabilidad política, la viabilidad económica y la paz social de la entidad.

 

Desde noviembre de 2013, hemos atendido la armonización legislativa a que han obligado las reformas constitucionales de la República y las leyes generales. Incluso en cuestiones tan controvertidas como la reforma energética y diversas disposiciones que tienden a nuevas formas de centralismo tales como la reforma electoral o la educativa. Al margen de algunas reservas formales y sustantivas decidimos ponerlas a la prueba de la historia, la cual nos juzgará. 

 

Como servidores públicos, actuamos como ciudadanos que trabajan para otros ciudadanos. Al atender las demandas sociales y adecuar instrumentos legales para procurar el desarrollo comunitario, nos convertimos en un eslabón fuerte de la democracia mexicana. De esta forma, con las limitaciones de tiempo y oportunidad, trabajamos en lo que hace falta al estado y al país. Ya que nos ocupa México, hemos contribuido a transformar a Aguascalientes.

 

Hubo que imprimir, y lo hicimos, visión de largo plazo al esfuerzo parlamentario plural, el cual se circunscribe en el marco más amplio de la democracia política y la democracia social. Desde luego, subsisten inercias que se reflejan en una percepción equívoca del quehacer legislativo. Se habla de rezago cuando, en rigor, es una agenda dinámica y por ello inacabada. Con estudio, reflexión y pertinencia, se dictaminan numerosas iniciativas y, al mismo tiempo, se presentan más propuestas de reformas o de nuevas leyes. Todo ello es positivo porque revela en hechos la voluntad para adecuar el marco jurídico a la dialéctica social. 

 

Insisto que no es cuestión aritmética, sino de valor cualitativo, pero para quienes gustan de la estadística he aquí algunos datos precisos:

 

1. De las anteriores legislaturas recibimos 79 iniciativas, de las cuales se resolvieron 62 y 17 siguen vigentes en la Agenda;
2. Durante esta legislatura hemos recibido 464 expedientes (iniciativas, puntos de acuerdo, cuentas públicas, minutas y nombramientos), lo cual da un total de 543 expedientes;
3. Han sido resueltas 441 y 102 siguen en estudio;
4. En suma, ha sido desahogado el 81.2 por ciento de los asuntos sometidos a nuestra consideración;

 

Destacan:

 

• Reformas a los Artículos 2º y 4º de la Constitución local para armonizarlos con la Constitución Federal y los tratados internacionales, en materia de Derechos Humanos. 
• Reforma Constitucional en materia político-electoral.
• Creación del nuevo Código Electoral del Estado.
• Ley para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio.
• Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Creación de la Fiscalía General del Estado como organismo autónomo.
• Reformas a la Constitución Local y nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información para integrar al estado al nuevo Sistema Nacional de Transparencia.
• Creación del Sistema Estatal Anticorrupción que incorpora a Aguascalientes al nuevo sistema nacional.
• Nueva Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado a fin de salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctima o los ofendidos por un delito, los testigos del hecho delictivo; los peritos; los miembros de los cuerpos policiales y Ministerios Públicos; los jueces, secretarios o demás funcionarios judiciales o personas que hayan aportado datos útiles para la investigación de ilícito.
• Reforma al Artículo 6º de la Constitución local para garantizar el derecho humano a la conectividad.
• Nueva Ley de Educación del Estado.
• Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento.
• Código de Ética Legislativa del Congreso del Estado.
• Nueva Ley para la Atención al Cambio Climático para el Estado.
• Reformas a la Ley de Agua del Estado, a fin de prohibir el cobro del servicio de agua potable a escuelas y hospitales públicos, y prohibir los cortes en los hogares.
• Creación del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.
• Creación del Centro de Competitividad e Innovación del Estado.
• Reconocimiento a nivel constitucional de los derechos a la salud, a un medio ambiente adecuado, a la cultura, y a la educación media superior obligatoria y gratuita.
• Reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de otorgamiento de órdenes de protección a favor de mujeres violentadas, para erradicar la violencia obstétrica, así como para regular la alerta de género y la difusión sin consentimiento de imágenes en situaciones eróticas o sexuales.
• Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.
• Ley de Justicia Indígena. 
• Reformas al Código Civil para permitir integrar al patrimonio familiar un mayor número de bienes.
• Reformas al Código Penal para aumentar la punibilidad de delitos sexuales.
• Ley de Cultura Física y Deporte.
• Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. 
• Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Ley de Extinción de Dominio.
• Reformas a la Ley de Educación para otorgar uniformes escolares gratuitos; para establecer de forma obligatoria 3 sesiones a la semana la asignatura de educación física en la educación básica; para otorgar un apoyo económico mensual estudiantes en situación vulnerable que cursen un nivel educativo de educación básica o media superior en una institución pública; y con el fin de promover la universalidad de la educación inicial. 
• Reformas al Código Civil, a fin de garantizar la protección de los derechos de menores de edad; en materia de divorcio incausado; a fin de omitir la causa de la muerte en actas de defunción; para ampliar derechos y obligaciones alimentarias; y armonización con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
• Reformas a la Ley para Prevenir, Atender, y Erradicar la Violencia Escolar en el Estado, para permitir una mayor participación de la Comisión de Derechos Humanos.
• Reformas al Código de Procedimientos Civiles para agilizar el procedimiento de otorgamiento de pensión alimenticia.
• Reformas a la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, a fin de incluir correctamente a dicho Instituto dentro del sistema penal.
• Creación del Organismo Público Descentralizado Denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes para la operación del Seguro Popular.
• Creación del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado.
• Nueva Ley del Centenario Hospital Miguel Hidalgo del Estado y nueva Ley del Hospital de Psiquiatría,
• Nueva Ley de Archivos del Estado
• Ley de la Juventud del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de los jóvenes.

 

Seguro estoy ello no es motivo para reconocimientos especiales. Sencillamente nos hemos esforzado para cumplir nuestro deber.

 

La aspiración y el afán compartidos por los grupos parlamentarios han sido las de una Legislatura que escucha, reflexiona, comprende y actúa. No sólo somos una Asamblea que habla. En las calles, en los lugares de trabajo, en los espacios educativos, en las redes sociales, los ciudadanos nos dejan ver rechazo a la simulación. Nos exigen más eficacia y congruencia al abanderar las causas de la gente, a fin de resolver y, en lo posible, evitar los conflictos sociales y la violencia criminal.

 

El Congreso cumple una esencial tarea instrumental de la democracia. Partimos del principio por el cual se legisla con argumentos razonables y racionales que sean entendidos por todos, aunque no necesariamente se compartan por todos.

 

Privilegiamos el entendimiento mediante el diálogo, el intercambio mayéutico de logos y argumentos que perfecciona tesis y razonamientos, única vía posible que facilita la comprensión de las ideas y los planteamientos de unos y otros. Así forjamos acuerdos en numerosos temas, si bien en muchos otros no fue posible el consenso. Y siempre se respetó la divergencia. 

 

El filósofo del Derecho Massimo La Torre, lo explica así: “La verdad en política es el resultado, primero, de la confusión y del desacuerdo; después de la discusión, y en última instancia del acuerdo. Acuerdo siempre criticable y siempre revisable”. 

 

Concientes de ello, no permitimos que la diatriba y el denuesto enturbiaran nuestra responsabilidad; no caímos en la tentación de imponer mayoría por encima de razones y causas. Impedimos que cundiera la intransigencia que pudiera ser pretexto de intercambios, porque así toda convicción pierde valor ético, se achica y se frivoliza.

 

Tampoco toleramos la simulación, en la cual nadie cree en lo que se dice ni en lo que se hace, ni puede tomarse en serio porque esconde lo que pretende y a lo que aspira. De otro modo, no hubiera fructificado el diálogo y nos hubiésemos sumergido en un concierto desafinado de multitud de monólogos en los cuales no importa lo que se piensa, ni lo que se quiere ni lo que se espera. La Torre añade: “En nuestras recíprocas relaciones nos presuponemos todos justos o capaces de justicia… la reciprocidad basada únicamente en el provecho personal ni puede producir solidaridad, ni puede conducirnos a la optimización del interés mutuo”. De ahí que propiciamos que florecieran el orden y el respeto.

 

Señoras y señores:

 

La función parlamentaria es asunto público de primer orden, sin embargo es poco comprendida y tiende a trivializarse. Es un quehacer eminentemente político por contenido, forma y propósitos. Político en su exacta acepción: la justicia y el bienestar de la colectividad. De esta manera, contribuye a dar forma, en la ley, a la voluntad ciudadana para dilucidar rumbo y futuro. Influye crucialmente en los programas y opciones de la gestión pública y el desarrollo de la entidad y de los municipios. 

 

Por tanto, no es tema de más leyes sino de mejores leyes, cuya sabiduría radique en el bien mayor para la existencia de la comunidad. 

 

Ante los agravios y las descalificaciones, de fuera y dentro, frecuentemente sin fundamento, se pierde de vista el valor de las propuestas para incidir en la realidad que vive Aguascalientes y los retos que implica para consolidar, corregir, cambiar y avanzar. Ello tal vez puede explicar que el ciudadano se encuentra confundido o indiferente ante la idea de que los actos legislativos en nada o muy poco influyen en mejorar su situación personal o familiar. Creencia azuzada por intereses que pretenden asumirse como los de la sociedad pero responden a grupos minoritarios. 

 

De ahí la urgencia de robustecer el diálogo sensato y serio entre los congresistas, los ciudadanos, los sectores sociales y los medios informativos, para abordar todo aquello que sea esencial y benéfico para nuestra entidad, para la economía y el desarrollo social, así como para el bienestar de las familias y de todos los sectores de la población. Sólo así podemos generar confianza.

 

Hemos de partir de una realidad insoslayable: a excepción de la pobreza, que muestra una visible mayoría cualitativa y cuantitativamente, en los demás aspectos de la sociedad, la economía, la política y la cultura, no existe una mayoría sino una suma de minorías, ninguna de las cuales tiene el derecho de atreverse a imponer a las demás sus particulares intereses ni su visión del mundo. Sin embargo, todas proponen lícitas exigencias de un espacio jurídico y cultural para realizar su vida conforme a sus propios objetivos y su propia moral, tan justa y válida como la de cualesquier otro. 

 

El pueblo aguascalentense está consciente, y es nuestra convicción, que la razón de la política no es el beneficio personal ni de grupos, sino el servicio a la comunidad. Es el poder para poder servir. Los individuos se marchan, pero las instituciones permanecen. La activa y constante participación ciudadana es imprescindible para alcanzar la democracia plena y consolidar un buen gobierno que, en su desempeño, fortalezca la legitimidad democrática, enriquezca nuestro entorno cultural y la convivencia comunitaria, en la cual todos tengamos iguales oportunidades para participar, para decir nuestra propia verdad, para asumir responsabilidades y compartir equitativamente los frutos del progreso porque de otro modo no hay ni desarrollo ni paz social ni democracia. 

 

Ciudadanos:

 

Es vital encontrar nuevas fórmulas para perfeccionar la implementación de la democracia. Es tarea, en especial, de gobernantes, representantes populares, actores políticos y líderes de opinión ya sea de la sociedad civil, de la academia y de los medios de información, pero especialmente a los ciudadanos de a pie toca accionar con sus voces, sus exigencias y su voluntad en el sufragio, ya que son el núcleo y la médula de la democracia misma. Este es compromiso de todos en ambos sentidos: de ida y vuelta. Esta es la misión a la cual nos corresponde por igual dedicar nuestros afanes. Servando Teresa de Mier, hace doscientos años expresó una reflexión que continúa siendo vigente: “la mayor condecoración del hombre, es la de ser un ciudadano virtuoso”. 

 

Los desafíos del presente y del mañana nos convocan a no permanecer pasivos. La democracia no garantiza por sí sola su sobrevivencia. Requiere de métodos didácticos y espacios amplios para robustecer la densidad y la virtud ciudadana. Es momento de fortalecer nuestra vida pública desde sus cimientos. Seamos audaces, abiertos y eficaces. Con responsabilidades públicas o sin ellas, todos tenemos el deber de hacer valer la civilidad política, en la inteligencia de que la ley es el mínimo ético de la sociedad, razón por la cual nos convence respetarla, y no por la amenaza de la coerción.

 

En nuestro tiempo, la unidad de la nación, del estado y las comunidades, se finca en admitir nuestra diversidad humana y social, así como la pluralidad en el pensamiento y en el modo de vida; reconocernos iguales por el sólo hecho de ser humanos, en la inteligencia de que cada uno es distinto y especial, es libre y posee su propia dignidad.

 

La pluralidad de la sociedad se manifiesta en un gran espectro de opiniones y posturas en los temas y asuntos que se ventilan en el ambiente público. Se devela así una amplia gama de individuos, estratos y sectores que afirman meridianamente la prioridad de cada uno, al margen de ideologías.

 

La ciudadanía democrática tiene como principal atributo la plena libertad del individuo, por ello, no se basa en una moral absoluta “y no está vinculada a ninguna moral sustancial”, sólo reconoce la ética social del interés general de la comunidad contenida en la Ley. Tampoco está aferrada “a una determinada concepción de la buena vida y mucho menos a una concepción general del universo”. Por consecuencia, privilegiar la tolerancia y el respeto, son preceptos por los cuales “la política en ninguna parte es más relevante e importante que la experiencia civil de la democracia” (M. La Torre).

 

Para avanzar en la democracia no ha lugar a reñir con la Historia ni a estancarse en el pasado. Desde el siglo 19 quedó resuelta la cuestión de las creencias religiosas y la libertad de conciencia. En el siglo 20 el debate fue sobre la justicia social, nuestra respuesta ante la dictadura del capitalismo salvaje y ante la dictadura burocrática del socialismo real. Hoy por hoy toca vivir y asumir a plenitud los paradigmas del siglo 21. Es imperativo seguir avanzando en las transformaciones que corresponden al espíritu y a la vida de nuestra época, cuyo tema es el de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales, íntimamente ligados a las libertades laicas.

 

Es esta, precisamente, la fuerza que emerge del ciudadano independiente y de la nueva conformación de los espacios y conductas que diferencian pero no confrontan. Se confirma que ya pasó el tiempo de las unanimidades y las mayorías absolutas. Es momento del ciudadano.

 

En nuestra amplia heterogeneidad, hemos de reconocer las razones por las cuales construir una solidaria unidad que no sea ideología que opaque la comprensión de la realidad, sino una filosofía humanista desarrollada por “la individualidad moral del hombre medio” (Gramsci), el hombre sencillo y discreto cuya moral es congruente con su experiencia cotidiana, con sus condiciones vivas de existencia, con su realidad objetiva biológica, psicológica, sociológica y cultural, cuya práctica es “lucha perpetua en forma polémica” (Gramsci), la lucha del día a día por vivir y no pocas veces para sobrevivir. Por ello esa moral del hombre medio responde, sencillamente, sin más, a su naturaleza humana histórica, al horizonte de su tiempo y a su perspectiva de vida, al margen y por encima de las creaciones de intelectuales.

 

Por ello la moral del hombre medio no excluye a nadie ni a nadie impone su percepción y su sentido de la existencia humana, pero sí incluye a todos sin excepción a fin de que cada cual tenga un respetable ámbito social, legal y cultural para realizar su propia vida. En esencia, se trata de los derechos humanos en cuyo corazón laten la libertad y el derecho a amar. 

 

Son cuestiones, entonces, de igualdad y de justicia, esencia y fundamentos de la democracia que debemos perfeccionar.

 

A los ciudadanos todos reiteramos nuestra convicción, durante los meses que restan de ejercicio constitucional a esta LXII Legislatura, de seguir trabajando en la consolidación del proyecto que verdaderamente importa al pueblo de Aguascalientes: la paz social, la gobernabilidad democrática, el desarrollo social con justicia y equidad.

 

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