El legislador, quien acudió como invitado a la reunión parlamentaria,
recordó que el proyecto de decreto forma parte de un paquete de propuestas
encaminadas a incentivar la investigación científica y el desarrollo
tecnológico, que además parte de planteamientos internacionales y federales en
la materia.
Ulises Ruiz Esparza explicó que el marco legal actual limita o impide
las posibilidades de obtener beneficios particulares por invenciones o
patentes, cuando los desarrolladores trabajan en una institución pública,
además de que obstaculiza donativos y apoyos empresariales o particulares para
la innovación.
El presidente del órgano legislativo, diputado Oswaldo Rodríguez García,
reconoció el trabajo de su homólogo y el interés de sus compañeros de comisión
para la modificación de la norma vigente, que añade el siguiente texto al
artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos:
“Los servidores públicos de las instituciones de educación, los Centros
y las entidades de la Administración Pública del Estado a que se refiere el
artículo 53 de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del
Conocimiento del Estado de Aguascalientes, que realicen actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, podrán realizar
actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y
recibir beneficios. Dichas actividades serán, además de las previstas en el
citado artículo, la participación de investigación científica y desarrollo
tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos;
participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica
o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro
derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la
propia institución, centro o entidad, según corresponda. Dichos servidores
públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por
utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las
disposiciones aplicables en la Institución”.
Además del titular de la Comisión de Servidores Públicos, diputado
Oswaldo Rodríguez, aprobaron el dictamen correspondiente los legisladores
Conrado Velasco Luévano, Leonardo Montañez Castro, Norma Adela Guel Saldívar y
Verónica Sánchez Alejandre.
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