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Al quinto año de la administración se
estará brindando atención a 9 mil 697 nuevos casos
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El DIF Estatal está haciendo los cambios operativos
pertinentes para cumplir cabalmente con el nuevo marco jurídico de protección a
niñas, niños y adolescentes
La Presidenta
del DIF Estatal, Blanca Rivera Rio de Lozano, informó que a través de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, este año se han atendido más
de mil 400 asuntos jurídicos, logrando con ello estabilizar la armonía de
hogares y sobre todo proteger los derechos de los más vulnerables.
Comentó
que la institución trabaja intensamente en promover la cohesión familiar, sin
embargo, cuando se presentan casos de núcleos disfuncionales en donde se pone
en riesgo la integridad de alguno de sus miembros, también el organismo vela
para proteger sus garantías.
Resaltó
que además de los nuevos casos que se recibieron este año, también se da
seguimiento a 3 mil 479 asuntos más en los que se representa a una de las
partes de los padres de familia que necesita asesoría para proteger a sus
hijos.
En
este sentido, dijo que al quinto año de la presente administración, en
asistencia jurídica se ha brindado atención a 9 mil 697 personas de primera vez
y 21 mil 133 subsecuentes.
Agregó
que en cuestión de asistencia legal, el DIF Estatal está haciendo una
reestructura organizacional para ofrecer un mejor servicio y así cumplir con la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, que entró en
vigor este año y que profundiza en el tema de la especialización, permitiendo
focalizar mejor las energías para realizar atenciones más eficaces.
Refirió
que el nuevo marco legal ha dado origen a dos grandes áreas funcionales como el
Sistema Local de Protección y la Procuraduría de Protección de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
Destacó
que el primero se encargará de trabajar de la mano con grupos de la sociedad
civil y dependencias de gobierno para analizar, estudiar y proyectar políticas
públicas en beneficio de este sector de la población, ponderando la prevención
de ciertos problemas sociales a los cuales se enfrentan hoy en día los niños,
niñas y adolescentes.
Y la
segunda, dijo, se dedicará a proteger y restituir en sus derechos a los
infantes y adolescentes que se encuentren en riesgo o que han sido
vulnerados, para quienes se ofrecerá un servicio integral de atención que
contempla el aspecto jurídico, psicológico y de trabajo social.
Con
relación a los casos de maltrato, dijo que en la institución existe una campaña
permanente de denuncia, ya que es una prioridad atender cualquier reporte que
llegue por medio telefónico, digital o que se presente de manera personal en
las oficinas.
Agregó
que ante cualquier caso de violencia psicológica o física, los trabajadores de
servicio social de inmediato toman cartas en el asunto e investigan el caso,
aplicando el protocolo socioeconómico y su derivación respectiva a las áreas de
especialización jurídica y psicológica.
En
este sentido, dijo que además del servicio de asistencia jurídica, de manera
paralela se trabaja en programas preventivos para evitar la violencia en
cualquiera de sus formas en contra de alguno de los miembros del hogar,
difundiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también en
talleres y cursos dirigidos a los padres de familia en la misma institución,
centros de salud, colonias y sitios de convivencia.
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